LOS DESAFÍOS DEL MOMENTO
Agosto confirmó en la formalidad estadística la percepción pública sobre la desenfrenada escalada del proceso inflacionario. El 19,6 % de inflación acumulada entre fines de diciembre y fines de julio, fue la ratificación del descalabro que implicó la corrida cambiaria que se inició el 26 abril en términos económicos y de profundas consecuencias sociales. En este escenario, la única certeza que los trabajadores podemos tener es que el azote de la licuación salarial es concreta, día tras día. De lo que no tenemos referencia es de la magnitud y la profundidad de sus costos, tanto en términos económicos, como en derechos sociales y laborales. El primer cuarto del Siglo XXI transita y padece los daños ocasionados por una de las expresiones parasitarías más nocivas del sistema capitalista, la “financiarización” de la economía internacional; en realidad una timba especulativa cuyo único fin es acumular ganancias a costa de destruir los aparatos productivos de diferentes naciones. En una etapa de aceleración del desarrollo tecnológico, en el cual las cadenas de producción prescinden progresivamente del trabajo humano; la especulación capitalista transfiere siderales sumas de dinero online, entronizando sin discusión el imperio de la usura financiera. Un caso concreto de esto, es la corrida cambiaria que generó el “efecto sultán” en Turquía durante los últimos días; allí la resistencia del presidente del país a favor de controlar la tasa de interés que el banco central paga por su deuda en moneda local, llevó a que los “inversionistas” cambiaran sus inversiones en liras turcas por dólares, lo que provocó una devaluación del 20 % en un mes. Éste fue el motivo que generó en Argentina la última corrida cambiaria que llevó el dólar a $ 30,61. Hoy la tasa de interés que en Turquía pagan sus bonos, es del 17,75 %, tasa que tranquilizó a los “timbersores”. En nuestro país el escenario no es diferente; el Banco Central ha generado una creciente deuda en Lebacs, títulos de la deuda argentina en pesos que son adquiridos por capitales que ingresados en dólares se cambian por pesos y que generan ganancias por un 45 % en un año. Tómese en cuenta que en Turquía la misma tasa, se ha dicho que hoy es del 17,75 %, mientras que la corrida cambiaria allí fue de un 20% en un mes. En nuestro país la corrida cambiaria desde el 26 de abril acumula 48,6 % de devaluación, lo que hace volar los índices inflacionarios y semana tras semana poda groseramente los ingresos salariales, comparativamente con Turquía esto refleja la gravedad del proceso de crisis que atravesamos. Este esquema económico de especulación financiera es el plan que ha aplicado el gobierno nacional desde 2015; el severo endeudamiento externo, la apertura de importaciones, la eliminación de ingresos en base a reducción de retenciones, han sido medidas que debilitaron aún más una economía con escaso crecimiento previo y necesitada de nuevos impulsos productivos, lo cual ha impactado de lleno en el cuerpo social argentino. De ese cuerpo social, que nosotros trabajadores docentes, formamos parte inescindible por pertenencia y compromiso, por nuestra labor y nuestros principios de clase. En ese cuerpo social, la marginación y exclusión campea en cada despido, en cada aumento de tarifas, en cada movimiento cambiario que pesar de ser de solo unos 4000 adinerados que compran 2 millones de dólares, precipitan cientos de miles de argentinos al abismo de la pobreza e indigencia. En una mecánica repetitiva de ajuste implosivo, con el mascarón de proa del saneamiento del déficit fiscal como excusa, el gobierno arrasa con los fondos y los derechos sociales, y aspira a conculcar derechos laborales y económicos que le asisten a los trabajadores y los sectores sociales pauperizados. En referencia a las provincias, las variantes de la política nacional consolida la inequidad de la distribución coparticipativa entre la nación - provincia con un doble mecanismo de ajuste; por un lado, elimina las transferencias de fondos nacionales específicos para obras u otras políticas que otrora financiara, y por otro lado, genera el traspaso de sus compromisos económicos, como el intento de provincializar el pago del FONID, o el abandono de la política de construcción de viviendas, etc. Sin embargo todas estas medidas de ajuste, no implican la solución al endeudamiento, pues la usura financiera auspiciada por el Banco Central de la República Argentina, hace crecer una bola de nieve de intereses que requieren de más y más recortes. En tanto todos los bienes y servicios fijan su valor en referencia al dólar, lo único que no se reajusta automáticamente, son los sueldos y el precio que reciben los productores primarios. Para el gobierno nacional, solo existe una certeza, “todo aquello que implique pago de impuestos por parte de empresarios y capitalistas, es una interferencia cohersitiva del estado que condiciona su dogma liberal” y “todo lo que implique la atención económica de los trabajadores, jubilados y sectores desposeídos, son gastos que debe ser descargado de la espalda de los acaudalados”. De lo que no muestra conciencia ese funcionariado, es que esa “clase empresarial argentina” que los incluye, acumuló su riqueza al calor del estado en sucesivos gobierno, de la mano del sobreprecio, de la pesificación de sus deudas, de la adjudicación de concesiones amañadas. En el ámbito provincial, se visualiza una endeble posición gubernativa; la cual excusándose en la gobernabilidad ha firmado el ajuste promovido por el Acuerdo Fiscal en noviembre del año pasado. El voto positivo de legisladores del oficialismo provincial en la reforma previsional de los jubilados nacionales, implicó un alineamiento con el precepto del gobierno nacional, “ajustar sobre los sectores más débiles de la sociedad”. La renuncia a reclamo de toda deuda que el gobierno nacional tuviera con Entre Ríos, el compromiso de armonización de la caja que los legisladores provinciales contrajeron con la ley de blanqueo fiscal, mientras se eximía de impuestos provinciales a los evasores blanqueados, la obediencia debida a la recomposición salarial que el gobierno nacional pretendía fuera del 15 %; más acá, la condescendencia con la renuncia al Fondo Solidario constituido con las retenciones a la soja. Hablan de una gestión de gobierno que tras la máscara del ajuste nacional, aplica un ajuste de segundo plano jactándose del saneamiento del déficit provincial a costa de los trabajadores. Como tantos otros gobiernos de nuestra provincia, esta gestión contrae compromisos de financiación de servicios sociales y cede fondos que se generan con la recaudación impositiva que en un principio era potestad de los estados provinciales, y que el devenir de los tiempos y de las manipulaciones políticas transformó en un sistema de sometimiento en base al ahogo financiero para el lograr el disciplinamiento político. En este contexto descripto en los diversos planos, los Trabajadores de la Educación debemos definir nuestro horizonte de demanda; en el cual el reclamo no solo pasa por el presente salarial, sino que atraviesa nuestras condiciones laborales en un estado que cada vez compromete más sus recursos, visualiza un contexto social cada vez más azotado por las carencias y el desprecio de las políticas públicas aplicadas, y nos enfrenta a la necesidad de tomar conciencia sobre la función que el estado debe asumir y cumplir. Si ese estado es un instrumento legal que convalida la inequidad que proponen los poderosos o es la expresión máxima de la organización social que permite el desarrollo de una vida digna para sus habitantes. Los trabajadores docentes más allá del análisis de contexto que conduzca a una respuesta de la inquietud planteada, debemos abordar una agenda de temas sobre la cual debemos definir nuestro plan de acción. Nuestra demanda necesita inequívocamente de diferentes tipos de acciones que nos permitan expresar nuestra preocupación y malestar, que habilite ámbitos de debate que posibiliten el esclarecimiento y unificación de posicionamientos, que permitan acordar criterios que orienten la acción dirigente y construyan la demanda docente, que favorezcan la articulación de acciones colectivas con organizaciones y sectores afectados por el modelo político económico vigente. Es necesario que esa construcción de la agenda contenga temas, acciones y tiempos de concreción; la misma debe nutrirse del aporte de todos y cada uno nosotros, de quienes componemos ese colectivo docente que entiende la complejidad del crítico momento que nos toca vivir. En términos de temas que deben integrar la agenda de los trabajadores docentes, algunos importantes e ineludibles se vinculan con los siguientes puntos: o Salario Docente o Presupuesto Nacional y Provincial o Presupuesto Educativo y su asignación de fondos o Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos o Reforma Educativa o Partidas asignadas para cubrir Obras Menores, Insumos, Artículos de Limpieza, etc. o Flexibilización laboral en base a planes complementarios de la actividad pedagógica o Inversión en construcción y mantenimiento de la Infraestructura Escolar o Viviendas para Trabajadores Docentes o Obras sociales No debemos perder de vista la necesaria interpelación al poder político, en los términos que involucran a funcionarios y de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto del ámbito nacional y provincial en referencia a la composición de los presupuestos de las respectivas jurisdicciones para el año 2019. Si los trabajadores no sumamos masa crítica y una acción decidida en el rechazo al ajuste económico que nos afecta cotidianamente, este alcanzará su oficialización en la aprobación de estas leyes. Aún en el logro de evitar esta maniobra de ajuste, nuestra atención y acción no puede reconocer etapas de inercia en todos los estamentos de las organizaciones de trabajadores, la lucha que nos convoca es de largo aliento compañeros. Convencidos en que esta instancia de debate de asambleas y congreso, es la herramienta que permitirá encontrar la senda de resistencia y lucha del colectivo docente, auguramos una instancia rica en análisis y definiciones. G.A.G. (Grupo de Análisis Gremial) “Una construcción plural y horizontal de aporte gremial”
Agosto confirmó en la formalidad estadística la percepción pública sobre la desenfrenada escalada del proceso inflacionario. El 19,6 % de inflación acumulada entre fines de diciembre y fines de julio, fue la ratificación del descalabro que implicó la corrida cambiaria que se inició el 26 abril en términos económicos y de profundas consecuencias sociales. En este escenario, la única certeza que los trabajadores podemos tener es que el azote de la licuación salarial es concreta, día tras día. De lo que no tenemos referencia es de la magnitud y la profundidad de sus costos, tanto en términos económicos, como en derechos sociales y laborales. El primer cuarto del Siglo XXI transita y padece los daños ocasionados por una de las expresiones parasitarías más nocivas del sistema capitalista, la “financiarización” de la economía internacional; en realidad una timba especulativa cuyo único fin es acumular ganancias a costa de destruir los aparatos productivos de diferentes naciones. En una etapa de aceleración del desarrollo tecnológico, en el cual las cadenas de producción prescinden progresivamente del trabajo humano; la especulación capitalista transfiere siderales sumas de dinero online, entronizando sin discusión el imperio de la usura financiera. Un caso concreto de esto, es la corrida cambiaria que generó el “efecto sultán” en Turquía durante los últimos días; allí la resistencia del presidente del país a favor de controlar la tasa de interés que el banco central paga por su deuda en moneda local, llevó a que los “inversionistas” cambiaran sus inversiones en liras turcas por dólares, lo que provocó una devaluación del 20 % en un mes. Éste fue el motivo que generó en Argentina la última corrida cambiaria que llevó el dólar a $ 30,61. Hoy la tasa de interés que en Turquía pagan sus bonos, es del 17,75 %, tasa que tranquilizó a los “timbersores”. En nuestro país el escenario no es diferente; el Banco Central ha generado una creciente deuda en Lebacs, títulos de la deuda argentina en pesos que son adquiridos por capitales que ingresados en dólares se cambian por pesos y que generan ganancias por un 45 % en un año. Tómese en cuenta que en Turquía la misma tasa, se ha dicho que hoy es del 17,75 %, mientras que la corrida cambiaria allí fue de un 20% en un mes. En nuestro país la corrida cambiaria desde el 26 de abril acumula 48,6 % de devaluación, lo que hace volar los índices inflacionarios y semana tras semana poda groseramente los ingresos salariales, comparativamente con Turquía esto refleja la gravedad del proceso de crisis que atravesamos. Este esquema económico de especulación financiera es el plan que ha aplicado el gobierno nacional desde 2015; el severo endeudamiento externo, la apertura de importaciones, la eliminación de ingresos en base a reducción de retenciones, han sido medidas que debilitaron aún más una economía con escaso crecimiento previo y necesitada de nuevos impulsos productivos, lo cual ha impactado de lleno en el cuerpo social argentino. De ese cuerpo social, que nosotros trabajadores docentes, formamos parte inescindible por pertenencia y compromiso, por nuestra labor y nuestros principios de clase. En ese cuerpo social, la marginación y exclusión campea en cada despido, en cada aumento de tarifas, en cada movimiento cambiario que pesar de ser de solo unos 4000 adinerados que compran 2 millones de dólares, precipitan cientos de miles de argentinos al abismo de la pobreza e indigencia. En una mecánica repetitiva de ajuste implosivo, con el mascarón de proa del saneamiento del déficit fiscal como excusa, el gobierno arrasa con los fondos y los derechos sociales, y aspira a conculcar derechos laborales y económicos que le asisten a los trabajadores y los sectores sociales pauperizados. En referencia a las provincias, las variantes de la política nacional consolida la inequidad de la distribución coparticipativa entre la nación - provincia con un doble mecanismo de ajuste; por un lado, elimina las transferencias de fondos nacionales específicos para obras u otras políticas que otrora financiara, y por otro lado, genera el traspaso de sus compromisos económicos, como el intento de provincializar el pago del FONID, o el abandono de la política de construcción de viviendas, etc. Sin embargo todas estas medidas de ajuste, no implican la solución al endeudamiento, pues la usura financiera auspiciada por el Banco Central de la República Argentina, hace crecer una bola de nieve de intereses que requieren de más y más recortes. En tanto todos los bienes y servicios fijan su valor en referencia al dólar, lo único que no se reajusta automáticamente, son los sueldos y el precio que reciben los productores primarios. Para el gobierno nacional, solo existe una certeza, “todo aquello que implique pago de impuestos por parte de empresarios y capitalistas, es una interferencia cohersitiva del estado que condiciona su dogma liberal” y “todo lo que implique la atención económica de los trabajadores, jubilados y sectores desposeídos, son gastos que debe ser descargado de la espalda de los acaudalados”. De lo que no muestra conciencia ese funcionariado, es que esa “clase empresarial argentina” que los incluye, acumuló su riqueza al calor del estado en sucesivos gobierno, de la mano del sobreprecio, de la pesificación de sus deudas, de la adjudicación de concesiones amañadas. En el ámbito provincial, se visualiza una endeble posición gubernativa; la cual excusándose en la gobernabilidad ha firmado el ajuste promovido por el Acuerdo Fiscal en noviembre del año pasado. El voto positivo de legisladores del oficialismo provincial en la reforma previsional de los jubilados nacionales, implicó un alineamiento con el precepto del gobierno nacional, “ajustar sobre los sectores más débiles de la sociedad”. La renuncia a reclamo de toda deuda que el gobierno nacional tuviera con Entre Ríos, el compromiso de armonización de la caja que los legisladores provinciales contrajeron con la ley de blanqueo fiscal, mientras se eximía de impuestos provinciales a los evasores blanqueados, la obediencia debida a la recomposición salarial que el gobierno nacional pretendía fuera del 15 %; más acá, la condescendencia con la renuncia al Fondo Solidario constituido con las retenciones a la soja. Hablan de una gestión de gobierno que tras la máscara del ajuste nacional, aplica un ajuste de segundo plano jactándose del saneamiento del déficit provincial a costa de los trabajadores. Como tantos otros gobiernos de nuestra provincia, esta gestión contrae compromisos de financiación de servicios sociales y cede fondos que se generan con la recaudación impositiva que en un principio era potestad de los estados provinciales, y que el devenir de los tiempos y de las manipulaciones políticas transformó en un sistema de sometimiento en base al ahogo financiero para el lograr el disciplinamiento político. En este contexto descripto en los diversos planos, los Trabajadores de la Educación debemos definir nuestro horizonte de demanda; en el cual el reclamo no solo pasa por el presente salarial, sino que atraviesa nuestras condiciones laborales en un estado que cada vez compromete más sus recursos, visualiza un contexto social cada vez más azotado por las carencias y el desprecio de las políticas públicas aplicadas, y nos enfrenta a la necesidad de tomar conciencia sobre la función que el estado debe asumir y cumplir. Si ese estado es un instrumento legal que convalida la inequidad que proponen los poderosos o es la expresión máxima de la organización social que permite el desarrollo de una vida digna para sus habitantes. Los trabajadores docentes más allá del análisis de contexto que conduzca a una respuesta de la inquietud planteada, debemos abordar una agenda de temas sobre la cual debemos definir nuestro plan de acción. Nuestra demanda necesita inequívocamente de diferentes tipos de acciones que nos permitan expresar nuestra preocupación y malestar, que habilite ámbitos de debate que posibiliten el esclarecimiento y unificación de posicionamientos, que permitan acordar criterios que orienten la acción dirigente y construyan la demanda docente, que favorezcan la articulación de acciones colectivas con organizaciones y sectores afectados por el modelo político económico vigente. Es necesario que esa construcción de la agenda contenga temas, acciones y tiempos de concreción; la misma debe nutrirse del aporte de todos y cada uno nosotros, de quienes componemos ese colectivo docente que entiende la complejidad del crítico momento que nos toca vivir. En términos de temas que deben integrar la agenda de los trabajadores docentes, algunos importantes e ineludibles se vinculan con los siguientes puntos: o Salario Docente o Presupuesto Nacional y Provincial o Presupuesto Educativo y su asignación de fondos o Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos o Reforma Educativa o Partidas asignadas para cubrir Obras Menores, Insumos, Artículos de Limpieza, etc. o Flexibilización laboral en base a planes complementarios de la actividad pedagógica o Inversión en construcción y mantenimiento de la Infraestructura Escolar o Viviendas para Trabajadores Docentes o Obras sociales No debemos perder de vista la necesaria interpelación al poder político, en los términos que involucran a funcionarios y de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto del ámbito nacional y provincial en referencia a la composición de los presupuestos de las respectivas jurisdicciones para el año 2019. Si los trabajadores no sumamos masa crítica y una acción decidida en el rechazo al ajuste económico que nos afecta cotidianamente, este alcanzará su oficialización en la aprobación de estas leyes. Aún en el logro de evitar esta maniobra de ajuste, nuestra atención y acción no puede reconocer etapas de inercia en todos los estamentos de las organizaciones de trabajadores, la lucha que nos convoca es de largo aliento compañeros. Convencidos en que esta instancia de debate de asambleas y congreso, es la herramienta que permitirá encontrar la senda de resistencia y lucha del colectivo docente, auguramos una instancia rica en análisis y definiciones. G.A.G. (Grupo de Análisis Gremial) “Una construcción plural y horizontal de aporte gremial”
