LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) quiere expresar su más profunda preocupación ante los hechos de público conocimiento en torno a la posible destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche.
Las muchas y graves maniobras urdidas por diversos sectores políticos y judiciales de Entre Ríos tendientes a sacar de escena a la fiscal, aun desoyendo dictámenes de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, ensombrecen el proceso y echan un manto de dudas sobre los motivos y los elementos esgrimidos para su desplazamiento.
Esta ni siquiera es una postura de defensa intransigente a Goyeneche, pero observamos puntos oscuros procesales, una intencionada elección de parte de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento y una diligencia con la que han actuado algunos protagonistas, nunca antes vista. Estos aspectos hacen presuponer que podemos estar ante un caso de venganza político-jurídica contra la fiscal por investigar y conseguir pruebas contundentes en hechos de corrupción que todos conocemos y que podrían marcar un antes y un después en la historia judicial entrerriana.
La mirada atenta de la ONU y la OEA y las consecuencias de desoír al máximo órgano judicial de la Argentina, puede transformar este hecho en un verdadero papelón mundial tendiente –tal vez- a consagrar la impunidad como ha venido sucediendo hasta la fecha en nuestra querida Entre Ríos.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) quiere expresar su más profunda preocupación ante los hechos de público conocimiento en torno a la posible destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche.
Las muchas y graves maniobras urdidas por diversos sectores políticos y judiciales de Entre Ríos tendientes a sacar de escena a la fiscal, aun desoyendo dictámenes de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, ensombrecen el proceso y echan un manto de dudas sobre los motivos y los elementos esgrimidos para su desplazamiento.
Esta ni siquiera es una postura de defensa intransigente a Goyeneche, pero observamos puntos oscuros procesales, una intencionada elección de parte de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento y una diligencia con la que han actuado algunos protagonistas, nunca antes vista. Estos aspectos hacen presuponer que podemos estar ante un caso de venganza político-jurídica contra la fiscal por investigar y conseguir pruebas contundentes en hechos de corrupción que todos conocemos y que podrían marcar un antes y un después en la historia judicial entrerriana.
La mirada atenta de la ONU y la OEA y las consecuencias de desoír al máximo órgano judicial de la Argentina, puede transformar este hecho en un verdadero papelón mundial tendiente –tal vez- a consagrar la impunidad como ha venido sucediendo hasta la fecha en nuestra querida Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, exhortamos a los protagonistas de este proceso a repensar sus acciones como un gesto genuino de responsabilidad ciudadana, de respeto por los entrerrianos y de pleno acatamiento a la Constitución Nacional.
