El presidente Alberto Fernández reveló ayer que pedirá facultades al Congreso para aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación a los principales productos agropecuarios.
“He dicho en campaña que vamos a tomar las medidas en conjunto; aspiro a que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del diálogo social, y la gente del campo es muy importante y tiene que estar integrada en esa mesa”, agregó Fernández, durante una entrevista televisiva. Además, el Presidente confirmó que las tarifas no subirán hasta junio, mientras se revisará el sistema vigente.
Ambos puntos formarán parte del proyecto de emergencia económica, social y sanitaria que el Gobierno presentará hoy al Congreso y que espera que se apruebe el jueves en la Cámara de Diputados.
Las definiciones del Presidente incluyeron un capítulo previsional. Fernández precisó que los jubilados que cobren la mínima recibirán un bono de $5000 en diciembre y otro igual en enero. El Gobierno suspenderá la fórmula de actualización de las jubilaciones por 180 días, mientras elabora un nuevo índice. Mientras tanto, los aumentos se definirán por decreto.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán, por única vez, un bono de 2000 pesos antes de fin de año, y los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán, también a modo de pago excepcional, 5000 pesos antes del 31 de diciembre y otros 5000 pesos en enero.
El anuncio lo hizo anoche el Presidente, durante una entrevista con Telefe Noticias.
Los desembolsos de emergencia se anunciaron en simultáneo al envío del proyecto que llegará hoy al Congreso, que propone suspender la actual fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y programas sociales, y la creación de una comisión que tendrá 180 días para determinar un nuevo índice.
Hasta que se elabore una nueva fórmula de movilidad, el Gobierno dispondrá aumentos por decreto de montos fijos, que alcanzarán a todas las jubilaciones y pensiones, lo que provocará un achatamiento de la pirámide.
La comisión para elaborar el nuevo índice estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso y de la Anses, detallaron funcionarios que conocen la iniciativa. En diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase, Alberto Fernández detalló además que esta semana se pondrá en marcha la primera etapa del plan Alimentar. Consiste en la entrega de una tarjeta a titulares de la AUH destinada solo a comprar alimentos.
El programa empezará a instrumentarse en Concordia, Entre Ríos, la ciudad más pobre del país, según la última medición del Indec.
Las mujeres con más de tres meses de embarazo y las titulares de AUH con un hijo podrán gastar hasta 4000 pesos, en tanto que las que tienen dos hijos o más dispondrán de 6000 pesos por mes.
La instrumentación del programa en Concordia alcanzaría a 6500 titulares de AUH y significaría un desembolso de 35 millones de pesos en alimentos solo en el primer mes, puntualizó el Presidente.
En paralelo a la instrumentación del plan Alimentar, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, prepara la primera reunión formal del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.
El encuentro será el viernes en la Casa Rosada, con la presencia de Alberto Fernández. Para coordinar el despliegue federal de la iniciativa, el ministro se reunió ayer con sus pares de las provincias. La idea es que esos encuentros se repitan cada dos meses.
Con estos anuncios, Fernández cumple con una de sus promesas de campaña: iniciar el camino de la recomposición del poder adquisitivo de los sectores más pobres, o, como él dice, “poner plata en el bolsillo de la gente”.
Los bonos para jubilados, pensionados y titulares de la AUH alcanzarán a casi siete millones de personas.
Los cambios en la fórmula de movilidad afectan a un universo mayor y alcanzan a 18 millones de personas.
La futura fórmula
En las oficinas por las que pasó el proyecto, muchas de las más influyentes de la gestión del Frente de Todos, se reservan la letra chica del proyecto que llegará hoy al Congreso en lo referido a la nueva fórmula de actualización. Confirman, eso sí, que el nuevo índice estará más ligado a la evolución de los salarios que a la inflación. Dependerá en definitiva de lo que resuelva la comisión que se creará con ese fin.
En la entrevista con Telefe, el Presidente destacó que jubilados y pensionados cobrarán en enero por última vez de acuerdo con el índice de movilidad actual.
Hasta que rija la nueva fórmula, los aumentos se otorgarán por decreto y servirán para recomponer el poder adquisitivo de jubilados y pensionados de los escalones más bajos.
Resta definir si esos pagos se tomarán a cuenta de los futuros aumentos o elevarán el piso para calcular los incrementos a aplicar con la nueva fórmula.
La letra chica de la nueva fórmula es uno de los asuntos más delicados de la nueva gestión.
El índice actual de movilidad está compuesto en un 70 por ciento por inflación y en un 30 por ciento por la evolución de los salarios.
La fórmula anterior tenía un ingrediente más anclado a la evolución de los salarios y de la recaudación, por lo que podía resultar favorable para los jubilados en momentos de crecimiento y desfavorable en las etapas como la actual, de estancamiento y alta inflación.
La decisión de facultar al Poder Ejecutivo para que sea una comisión la que defina la nueva fórmula es una manera de evitar el recalentamiento de la discusión política en torno de la iniciativa.
“Si mandábamos una fórmula al Congreso, recreábamos el escenario de la reforma previsional de 2017”, explicó un diputado con buenos contactos en la Casa Rosada.
