La U.C.R. de Federal rechaza el acuerdo entre el gobierno de Entre Ríos y el de China por la construcción de acueductos
En un comunicado de prensa, el Comité Departamental de U.C.R. que preside el intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste, «se manifiesta enérgicamente en forma negativa al acuerdo firmado entre el Gobernador Urribarri y la empresa China State, que se encargaría de la construcción del acueducto del centro-norte. Memorandum que ha sido aprobado en la legislatura provincial el 20 de enero pasado y que fue promulgado en el día de la fecha con su publicación en el Boletín Oficial».
El comunicado, firmado por el Comité Departamental de U.C.R. de Federal, consigna -textualmente-:
«El Comité Departamental de la UC.R. del Departamento Federal tiene la necesidad de manifestarse enérgicamente en forma negativa al acuerdo firmado entre el Gobernador Urribarri y la empresa China State, que se encargaría de la construcción del acueducto del Centro – norte. Memorandum que ha sido aprobado en la legislatura provincial el 20 de enero pasado, planteando desde ya que el mismo resulta violatorio al sistema Federal de Gobierno, la Soberanía del Pueblo entrerriano, la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22, la Constitución Provincial en su art. 80, la independencia del Poder Legislativo Provincial y ley de presupuesto provincial.-
1.- Es violatorio al sistema Federal de Gobierno en razón de que, no tenemos dudas, de que este acuerdo es una de las más situaciones en que el Gobierno Nacional ha impuesto al Gobernador Provincial, que en la búsqueda de dólares ha suscripto convenios con la República China para hacerse de esta divisa que necesita a los fines de sortear el estancamiento de la economía a que, los errores del equipo económico nacional, nos ha llevado y así en este año electoral poder gozar de un mejor posicionamiento.-
2.- También es violatorio a la Soberanía del Pueblo entrerriano en razón de que este acuerdo debe darse en el marco de una necesidad manifiesta de nuestros ciudadanos, semejante acuerdo debe ser la solución requerida por las organizaciones intermedias, con la participación ciudadana, es decir, una solución a múltiples requerimiento de esta organizaciones y los productores locales, los que desde un inicio se han manifestado en contra y aún así se persiste en la idea.-
3.- Que este acuerdo viola la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22 en cuanto impide el conocimiento y debate total de todos y cada uno de los puntos del acuerdo, lo que se ha sometido a debate es un acuerdo marco, luego las demás cláusulas serán secretas, las sabe el Gobernador y su Fiscal de Estado, lo cual debe ser el pueblo, que se gobierna por sus representantes, el que debe estar en completo conocimiento de las obligaciones que contrae, ello en función de que provocaría una endeudamiento de CUETROCIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE DOLATES (u$s 431.000.000,00), por ello ALERTAMOS que el carácter secreto del acuerdo viola el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su inciso primero, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística.-
4.- Asimismo expresamos que el acuerdo Urribarri-China violenta el art. 80 de Nuestra Constitución Provincial, cuando el mismo exige que las compras y contrataciones del estado deben hacerse de un modo público, bajo pena de nulidad, con lo cual desde éste comunicado se insta a los Partidos Políticos a iniciar y promover acciones judiciales en conjunto con la organizaciones sociales para evitar este acuerdo, que estamos convencido, hipoteca el futuro del pueblo entrerriano y condiciona a futuras generaciones, como así también impedirá el diseño de políticas públicas a nuevos gobiernos provinciales.-
En definitiva, este Comité sostiene que el acuerdo citado, solo busca paliar una necesidad actual del gobierno nacional, que la obsecuencia declarada del Gobernador de nuestra provincia hace que hoy se manifieste en este documento, ello sin tener en cuenta las generaciones futuras, negociando, una vez más a espaldas del pueblo, y tiene como fin inmediato la búsqueda de la bendición, de parte por parte de Cristina Fernández de Kischner, para que sea el candidato oficial del Frente Para la Victoria.-
También tenemos la necesidad de hacer notar que ésta situación planteada no escapa a la lógica “K”, donde detrás de un relato grandilocuente, del anuncio de una obra de progreso futuro, con respaldo de medio adictos; en realidad solo oculta una estafa más al pueblo entrerriano, con beneficios inconfesables para dirigentes actuales e hipotecando el futuro económico provincial.-
Así lo manifestamos, lo denunciamos e instamos a la inmediata convergencias de los Partidos Políticos, Organizaciones ambientalistas, de productores, Gremios y demás entidades a accionar judicialmente y en conjunto para evitar el grave daño que se pretende plasmar».
En un comunicado de prensa, el Comité Departamental de U.C.R. que preside el intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste, «se manifiesta enérgicamente en forma negativa al acuerdo firmado entre el Gobernador Urribarri y la empresa China State, que se encargaría de la construcción del acueducto del centro-norte. Memorandum que ha sido aprobado en la legislatura provincial el 20 de enero pasado y que fue promulgado en el día de la fecha con su publicación en el Boletín Oficial».
El comunicado, firmado por el Comité Departamental de U.C.R. de Federal, consigna -textualmente-:
«El Comité Departamental de la UC.R. del Departamento Federal tiene la necesidad de manifestarse enérgicamente en forma negativa al acuerdo firmado entre el Gobernador Urribarri y la empresa China State, que se encargaría de la construcción del acueducto del Centro – norte. Memorandum que ha sido aprobado en la legislatura provincial el 20 de enero pasado, planteando desde ya que el mismo resulta violatorio al sistema Federal de Gobierno, la Soberanía del Pueblo entrerriano, la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22, la Constitución Provincial en su art. 80, la independencia del Poder Legislativo Provincial y ley de presupuesto provincial.-
1.- Es violatorio al sistema Federal de Gobierno en razón de que, no tenemos dudas, de que este acuerdo es una de las más situaciones en que el Gobierno Nacional ha impuesto al Gobernador Provincial, que en la búsqueda de dólares ha suscripto convenios con la República China para hacerse de esta divisa que necesita a los fines de sortear el estancamiento de la economía a que, los errores del equipo económico nacional, nos ha llevado y así en este año electoral poder gozar de un mejor posicionamiento.-
2.- También es violatorio a la Soberanía del Pueblo entrerriano en razón de que este acuerdo debe darse en el marco de una necesidad manifiesta de nuestros ciudadanos, semejante acuerdo debe ser la solución requerida por las organizaciones intermedias, con la participación ciudadana, es decir, una solución a múltiples requerimiento de esta organizaciones y los productores locales, los que desde un inicio se han manifestado en contra y aún así se persiste en la idea.-
3.- Que este acuerdo viola la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22 en cuanto impide el conocimiento y debate total de todos y cada uno de los puntos del acuerdo, lo que se ha sometido a debate es un acuerdo marco, luego las demás cláusulas serán secretas, las sabe el Gobernador y su Fiscal de Estado, lo cual debe ser el pueblo, que se gobierna por sus representantes, el que debe estar en completo conocimiento de las obligaciones que contrae, ello en función de que provocaría una endeudamiento de CUETROCIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE DOLATES (u$s 431.000.000,00), por ello ALERTAMOS que el carácter secreto del acuerdo viola el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su inciso primero, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística.-
4.- Asimismo expresamos que el acuerdo Urribarri-China violenta el art. 80 de Nuestra Constitución Provincial, cuando el mismo exige que las compras y contrataciones del estado deben hacerse de un modo público, bajo pena de nulidad, con lo cual desde éste comunicado se insta a los Partidos Políticos a iniciar y promover acciones judiciales en conjunto con la organizaciones sociales para evitar este acuerdo, que estamos convencido, hipoteca el futuro del pueblo entrerriano y condiciona a futuras generaciones, como así también impedirá el diseño de políticas públicas a nuevos gobiernos provinciales.-
En definitiva, este Comité sostiene que el acuerdo citado, solo busca paliar una necesidad actual del gobierno nacional, que la obsecuencia declarada del Gobernador de nuestra provincia hace que hoy se manifieste en este documento, ello sin tener en cuenta las generaciones futuras, negociando, una vez más a espaldas del pueblo, y tiene como fin inmediato la búsqueda de la bendición, de parte por parte de Cristina Fernández de Kischner, para que sea el candidato oficial del Frente Para la Victoria.-
También tenemos la necesidad de hacer notar que ésta situación planteada no escapa a la lógica “K”, donde detrás de un relato grandilocuente, del anuncio de una obra de progreso futuro, con respaldo de medio adictos; en realidad solo oculta una estafa más al pueblo entrerriano, con beneficios inconfesables para dirigentes actuales e hipotecando el futuro económico provincial.-
Así lo manifestamos, lo denunciamos e instamos a la inmediata convergencias de los Partidos Políticos, Organizaciones ambientalistas, de productores, Gremios y demás entidades a accionar judicialmente y en conjunto para evitar el grave daño que se pretende plasmar».
