LA IMPUDIDAD PREMIA EL DELITO
En la rotura de silobolsas: LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL ES COMPLICIDAD
En esta convulsionada Argentina, y desde luego, esta Provincia de Entre Ríos no está exenta, se observa cómo muchos productores agropecuarios y sectores vinculados con esta actividad, son víctimas de la rotura de silobolsas. Frente a este accionar, quienes desde el trabajo y la producción estamos consustanciados con el radicalismo entrerriano, tenemos la necesidad y obligación de, no sólo expresar el más enérgico y rotundo repudio, sino brindar la solidaridad con las víctimas. Pero, esencialmente exigimos a las autoridades gubernamentales nacionales y provinciales:
1) Un claro y público pronunciamiento sobre estos hechos, porque, quien calla, otorga y, por ende, comparte tácitamente estas acciones.
2) A través de directivas claras y contundentes desde el Sr. Gobernador hacia la Ministra de Gobierno, encarar una profunda investigación de quiénes son los autores de estos vandálicos hechos, debiendo comprometer a la Procuración General de Entre Ríos a la investigación de este accionar.
Tanto el Gobierno Nacional, como el Provincial, no son ingenuos. Saben que el perjuicio que se está ocasionando es enorme, no sólo en lo económico sino también en la propia moral del productor. Sólo guardan un silencio llamativo y complaciente.
Por otra parte, quienes están vinculados con el sector rural saben perfectamente, que con frecuencia los productores son víctimas de hechos delictivos, especialmente expresado a través del abigeato que, en estos casos, quienes los cometen, se llevan consigo el producto del delito, o parte del mismo. En cambio, en el rompimiento de silobolsas, se comete el delito con ensañamiento, pero nadie se lleva nada. Es decir, no es un delito común. Es un delito que resulta muy difícil desvincularlo de lo ideológico-político. Y hay indicios que así lo demuestran, ya que no se advierte ninguna manifestación clara y contundente de los sectores políticos vinculados con el Gobierno actual.
Hay personas que han hecho expresiones públicas en diversos medios, de INSTIGACIÓN a esta violencia, expresando concretamente este accionar, que deben ser rechazadas por el Poder Ejecutivo e investigadas por la Justicia y castigadas según corresponda.
Algunos oportunistas, y con algún nivel de responsabilidad de gobierno, creen que con el supuesto dictado de una ley que regularía lo que se ha dado en llamar con estridencia y mala factura jurídico o penal “vandalismo rural”, se podría solucionar esta problemática. Esto no es así. Ello aparece en la escena como una especie de “cortina de humo”, porque la cuestión va más allá de una ley. El actual Código Penal, contempla este tipo de delitos, cuyas penas podrían ser elevadas. Entonces, no es una cuestión de tipificación penal, sino de encontrar sus autores materiales e intelectuales que llevaron a cometer estos delitos.
A su vez, encontrar a los responsables, no es sólo cuestión de la Policía, porque si a ella no se le imparte la orden y decisión política a través de una política criminal específica, y no se la provee de los elementos necesarios, poco y nada podrá hacer, por más buena voluntad que pueda tener. Todos saben que la Policía, en los medios rurales, cada vez cuenta con menos recursos, y la inseguridad paulatinamente se va instalando con más fuerza.
En este punto debemos rechazar y repudiar lo manifestado por el Jefe de la Policía de la Provincia Comisario General Gustavo Maslein y del Director de Prevención de Delitos Rurales Comisario General Mario Zarate, quienes expusieron ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, minimizando los hechos y manifestando “…que solo han contabilizado siete casos de hechos delictivos y que ninguno de ellos arrojo datos de que tengan que ver con acciones ideológicas, sino que el común denominador son diferencias personales o hechos aislados…”. Al respeto es necesario decirles que:
1 - ¡De los siete casos a que hacen referencia, solo son los denunciados, investiguen los demás!
2 - No necesitamos opiniones o conjeturas personales, solo que cumplan con lo que les corresponde como Institución y fuerza de seguridad encargada de cuidar a los Entrerrianos, investigar, actuar y mostrar los culpables a la sociedad, es su responsabilidad.
3 - NO quieran embarrar la cancha y desviar la atención de lo que realmente pasa.
Además, se agrega una población rural cada vez más reducida como consecuencia de caminos en pésimas condiciones, y diversos factores, como las dificultades en la comunicación, la educación y salud, entre otros.
En conclusión, ha llegado la hora para que los responsables gubernamentales, no sólo se pronuncien y expresen su más enérgico repudio, sino que salgan al ruedo, con fuerza y claridad, a encontrar a los autores de este perverso y grave accionar delictivo, porque será la única manera de que este sector dinámico de la economía entrerriana continúe en su derrotero de generar producción que, desde luego, no sólo beneficia al Estado, sino a la sociedad en su conjunto.
En definitiva, a quien le corresponda: Asuma su responsabilidad, que es lo único que se le pide, en favor del campo entrerriano.
COMISIÓN RADICALES POR LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO - UCR
Sergio D. DEZORZI DNI 12.896.353, Gualeguay - Raymundo KISSER DNI 4.992.021, Hasenkamp - Gabriela TAMAÑO DNI 16.988.777, Concordia - Humberto RE DNI 8.441.927, Diamante - Alfredo MONTIEL BARBARA DNI 13.296.392, Paraná - Miguel PIANA DNI 10.646.896, Chajarí - Cecilia Andrea LISSASO DNI 12.064.341, Diamante - Daniel GARAT DNI 11.161.252, Concordia - Miguel PACHECO DNI 8.451.861, Diamante - Fabio SCHNEIDER, DNI 20.648.222, Crespo y, Siguen las firmas ….
En la rotura de silobolsas: LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL ES COMPLICIDAD
En esta convulsionada Argentina, y desde luego, esta Provincia de Entre Ríos no está exenta, se observa cómo muchos productores agropecuarios y sectores vinculados con esta actividad, son víctimas de la rotura de silobolsas. Frente a este accionar, quienes desde el trabajo y la producción estamos consustanciados con el radicalismo entrerriano, tenemos la necesidad y obligación de, no sólo expresar el más enérgico y rotundo repudio, sino brindar la solidaridad con las víctimas. Pero, esencialmente exigimos a las autoridades gubernamentales nacionales y provinciales:
1) Un claro y público pronunciamiento sobre estos hechos, porque, quien calla, otorga y, por ende, comparte tácitamente estas acciones.
2) A través de directivas claras y contundentes desde el Sr. Gobernador hacia la Ministra de Gobierno, encarar una profunda investigación de quiénes son los autores de estos vandálicos hechos, debiendo comprometer a la Procuración General de Entre Ríos a la investigación de este accionar.
Tanto el Gobierno Nacional, como el Provincial, no son ingenuos. Saben que el perjuicio que se está ocasionando es enorme, no sólo en lo económico sino también en la propia moral del productor. Sólo guardan un silencio llamativo y complaciente.
Por otra parte, quienes están vinculados con el sector rural saben perfectamente, que con frecuencia los productores son víctimas de hechos delictivos, especialmente expresado a través del abigeato que, en estos casos, quienes los cometen, se llevan consigo el producto del delito, o parte del mismo. En cambio, en el rompimiento de silobolsas, se comete el delito con ensañamiento, pero nadie se lleva nada. Es decir, no es un delito común. Es un delito que resulta muy difícil desvincularlo de lo ideológico-político. Y hay indicios que así lo demuestran, ya que no se advierte ninguna manifestación clara y contundente de los sectores políticos vinculados con el Gobierno actual.
Hay personas que han hecho expresiones públicas en diversos medios, de INSTIGACIÓN a esta violencia, expresando concretamente este accionar, que deben ser rechazadas por el Poder Ejecutivo e investigadas por la Justicia y castigadas según corresponda.
Algunos oportunistas, y con algún nivel de responsabilidad de gobierno, creen que con el supuesto dictado de una ley que regularía lo que se ha dado en llamar con estridencia y mala factura jurídico o penal “vandalismo rural”, se podría solucionar esta problemática. Esto no es así. Ello aparece en la escena como una especie de “cortina de humo”, porque la cuestión va más allá de una ley. El actual Código Penal, contempla este tipo de delitos, cuyas penas podrían ser elevadas. Entonces, no es una cuestión de tipificación penal, sino de encontrar sus autores materiales e intelectuales que llevaron a cometer estos delitos.
A su vez, encontrar a los responsables, no es sólo cuestión de la Policía, porque si a ella no se le imparte la orden y decisión política a través de una política criminal específica, y no se la provee de los elementos necesarios, poco y nada podrá hacer, por más buena voluntad que pueda tener. Todos saben que la Policía, en los medios rurales, cada vez cuenta con menos recursos, y la inseguridad paulatinamente se va instalando con más fuerza.
En este punto debemos rechazar y repudiar lo manifestado por el Jefe de la Policía de la Provincia Comisario General Gustavo Maslein y del Director de Prevención de Delitos Rurales Comisario General Mario Zarate, quienes expusieron ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, minimizando los hechos y manifestando “…que solo han contabilizado siete casos de hechos delictivos y que ninguno de ellos arrojo datos de que tengan que ver con acciones ideológicas, sino que el común denominador son diferencias personales o hechos aislados…”. Al respeto es necesario decirles que:
1 - ¡De los siete casos a que hacen referencia, solo son los denunciados, investiguen los demás!
2 - No necesitamos opiniones o conjeturas personales, solo que cumplan con lo que les corresponde como Institución y fuerza de seguridad encargada de cuidar a los Entrerrianos, investigar, actuar y mostrar los culpables a la sociedad, es su responsabilidad.
3 - NO quieran embarrar la cancha y desviar la atención de lo que realmente pasa.
Además, se agrega una población rural cada vez más reducida como consecuencia de caminos en pésimas condiciones, y diversos factores, como las dificultades en la comunicación, la educación y salud, entre otros.
En conclusión, ha llegado la hora para que los responsables gubernamentales, no sólo se pronuncien y expresen su más enérgico repudio, sino que salgan al ruedo, con fuerza y claridad, a encontrar a los autores de este perverso y grave accionar delictivo, porque será la única manera de que este sector dinámico de la economía entrerriana continúe en su derrotero de generar producción que, desde luego, no sólo beneficia al Estado, sino a la sociedad en su conjunto.
En definitiva, a quien le corresponda: Asuma su responsabilidad, que es lo único que se le pide, en favor del campo entrerriano.
COMISIÓN RADICALES POR LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO - UCR
Sergio D. DEZORZI DNI 12.896.353, Gualeguay - Raymundo KISSER DNI 4.992.021, Hasenkamp - Gabriela TAMAÑO DNI 16.988.777, Concordia - Humberto RE DNI 8.441.927, Diamante - Alfredo MONTIEL BARBARA DNI 13.296.392, Paraná - Miguel PIANA DNI 10.646.896, Chajarí - Cecilia Andrea LISSASO DNI 12.064.341, Diamante - Daniel GARAT DNI 11.161.252, Concordia - Miguel PACHECO DNI 8.451.861, Diamante - Fabio SCHNEIDER, DNI 20.648.222, Crespo y, Siguen las firmas ….
